No fue una reunión más del Consejo de Seguridad Interior del NOA. Con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y de los gobernadores Osvaldo Jaldo, Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Elías Suárez (Santiago del Estero), se dio el puntapié inicial para configurar una estrategia regional en la lucha contra el narcotráfico.

En la presentación del encuentro, los funcionarios se intercambiaron elogios y también hubo algunos planteos. Sin embargo, cuando las puertas del Salón Blanco estaban cerradas, se dio la discusión de fondo. Fueron varios los temas abordados, pero hubo cinco que sobresalieron. Uno de ellos, incluso, ni siquiera estaba en la agenda. Estos fueron:

1- Radarización

Jaldo, Sáenz y Sadir fueron los mandatarios que realizaron firmes planteos sobre la necesidad de controlar los cielos del NOA. “Es un problema porque las avionetas pasan y sólo las descubrimos cuando se caen”, razonó el salteño.

Durante la reunión a puertas cerradas, los mandatarios dejaron en claro su preocupación por este tema en particular. Los funcionarios también coincidieron con la postura de Tucumán, que consiste en realizar una inversión conjunta para adquirir tecnología. “Es muy importante que se haya elegido nuestra provincia para avanzar con este tema tan importante. Se debe trabajar en bloque”, sostuvo Jaldo. Sáenz añadió: “Todas las alternativas que se puedan analizar son bienvenidas”.

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Monteoliva, por su parte, destacó que la Nación avanza con la implementación del Programa Colibrí, un plan con financiamiento internacional que busca combatir el narcotráfico aéreo. “En menos de dos semanas se secuestraron dos avionetas que transportaban más de 700 kilos de cocaína. No fue casualidad, las estábamos esperando”, sostuvo la funcionaria.

2- Cuestiones salariales

El gobernador salteño introdujo un tema inesperado. Pidió expresamente a la Nación que atendiera las necesidades de los efectivos de las fuerzas federales, especialmente de Gendarmería Nacional. “Si bien es cierto que es un tema específico de su área, es importante decir que los problemas salariales y los inconvenientes con las obras sociales son una preocupación”, sostuvo.

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Al ser consultado por LA GACETA sobre un supuesto debilitamiento del Plan Güemes, operativo con el que la Nación blindó la frontera norte, Sáenz respondió: “Esa fue una de las razones por las que se plantearon las dificultades que tienen los efectivos. Además de sufrir el desarraigo, tienen que soportar esta situación”.

Monteoliva recogió el guante e intentó transmitir tranquilidad. “No tengan dudas de que el equipo económico y el propio presidente Javier Milei son conscientes de esta situación y estamos trabajando para concretar una mejora”, señaló.

3- Operativo Lapacho

El gobernador Jaldo indicó que es muy importante que las otras provincias imiten a Tucumán en la implementación de controles en sus límites jurisdiccionales. “Blindar la frontera norte nos está dando buenos resultados. Si se hiciera lo mismo en las otras jurisdicciones, los resultados serían mucho más relevantes”, indicó.

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Monteoliva, sobre este tema puntual, destacó: “La clave del éxito está en el dominio territorial. Para conseguirlo, es muy importante que haya cooperación y coordinación”.

4- Corrupción

El mandatario santiagueño Suárez puso sobre la mesa otro tema que tampoco estaba previsto: los casos de corrupción en los que estuvieron involucrados efectivos de fuerzas federales. “En mi provincia generó preocupación que policías federales y gendarmes estuvieran involucrados en la venta de drogas que secuestraban en operativos truchos para luego comercializarlas en la calle”, habría señalado.

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La ministra le habría respondido que los involucrados fueron separados de sus cargos y que se estaba realizando una investigación para determinar si había otros implicados. “No vamos a tolerar casos de corrupción”, respondió en el encuentro privado que mantuvo con los gobernadores.

5- Preocupación

Hubo otro asunto que se analizó en el encuentro y que ni siquiera estaba previsto abordar: la aplicación de la nueva ley de imputabilidad. Todos los gobernadores señalaron que estaban a favor, pero advirtieron que su implementación podría verse frustrada. “La norma contempla la construcción de centros de detención para alojarlos, pero hasta el momento la Nación no fijó pautas presupuestarias para construirlos”, advirtió Sáenz.

Jaldo, en cambio, recalcó que Tucumán, con el Instituto Cura Brochero de Benjamín Paz, no tendrá problemas. “Tiene capacidad para alojar a unos 100 adolescentes”, explicó.

Monteoliva tomó nota de todos los planteos y destacó en más de una oportunidad la importancia de escuchar a los mandatarios para sostener una política de seguridad verdaderamente federal.